The constitutional comparative case law on the European Arrest Warrant, and the legal nature of third pillar acts;La Jurisprudencia Constitucional Comparada Sobre La Orden Europea De Detención Y Entrega, Y La Naturaleza Jurídica De Los Actos Del Tercer Pilar

Revista de Derecho Comunitario Europeo

Volumn 14, Issue 35, 2010, Pages 169-192

  Sánchez, Sara Iglesias ^a  

^a YALE UNIVERSITY   (United States)

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Constitutional Courts; European Arrest Warrant; Framework Decision; Principles which govern the relationship between national law and European community law; Third Pillar

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EID: 80051830480     PISSN: 11384026     EISSN: None     Source Type: Journal    
DOI: None     Document Type: Article

References (131)

1. o 14, 2003, pp. 69-95.
2. Sentencias del TJCE de 12.5.1998, Comisión/Consejo, C-170/96, Rec. p. I-2763.
3. de 11.2.2003, Gözütok, C-187/01, Rec. p. I-1345.
4. de 10.3.2005, Miraglia, C-468/03, Rec. p. I-2009.
5. de 16 de junio de 2005, Pupino, C-105/03, Rec. p. I-5285.
6. de 13.9.2005, Comisión/ Consejo, C-176/03, Rec. p. I-7879.
7. de 9.3.2006, Van Esbroeck, C-436/04, Rec. p. I-2333.
8. de 28.9.2006, Van Straaten, C-150/05, Rec. p. I-9327.
9. de 28.9.2006, Gasparini, C-467/04, Rec. p. I-9199.
10. de 3 de mayo de 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Rec. p. I-3633.
11. de 18.7.2007, Kraaijenbrink, C-367/05, Rec. p. I-6619.
12. de 18.7.2007, Kretzinger, C-288/05, Rec. p. I-6441.
13. de 23.10.2007, Comisión/Consejo, C-440/05, Rec. p. I-9097.
14. de 17.7.2008, Kozlowski, C-66/08 (Rec. 2008, p. I-6041).
15. de 12.8.2008, Santesteban Goicoechea, C-296/ 08 PPU (Rec. 2008, p. I-6307).
16. de 9.10.2008, Katz, C-404/07 (Rec. 2008, p. I-7607).
17. de 1.12.2008, Leymann y Pustovarov, C-388/08 PPU, (Rec. 2008, p. I-8993).
18. de 11.12.2008, Bourquain, C-297/07 (Rec. 2008, p. I-9425).
19. de 22.12.2008, Turansky, C-491/07 (Rec. 2008, p. I-11039).
20. Véanse las Conclusiones presentadas por el Abogado General Yves Bot el 24 de marzo de 2009 en el Asunto C-123/08, Procedimiento penal contra Dominic Wolzenburg.
21. Una base de datos que contiene los pronunciamientos jurisprudenciales relativos a la Orden europea puede encontrarse en www.eurowarrant.net. Sobre la aplicación de la Decisión marco en los distintos Estados miembros puede verse: Cartier, M-E. (Ed.), Le mandate d'arrêt européen, Bruxelles, Bruylant, 2005.
22. Guild, E. (Ed.), Constitutional challenges to the European Arrest Warrant, Wolf, Nijmegen, 2006.
23. Sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia de 27 de abril de 2005 (P 1/05). Una traducción no oficial al inglés provista por el propio Tribunal puede encontrarse en: http:// www.trybunal.gov.pl.
24. Entre los numerosos comentarios a esta sentencia, pueden verse: Lazovski, A., «Poland: Constitutional Tribunal on the Surrender of Polish Citizens under the European Arrest Warrant. Decision of 27 April 2005», European Constitutional Law Review 1 (2005) pp. 569-581.
25. Wyrouzumska, A., «Some Comments on the Judgments of the Polish Constitutional Tribunal on the EU Accession Treaty and on the Implementation of the European Arrest Warrant», 27 Polish Yearbook of International Law (2004-2005) p. 7-31.
26. Leczykievicz, D., «Trybunal Konstytucyjny (Polish Constitutional Tribunal), Judgment of 27 April 2005, No. P 1/05», 43 Common Market Law Review (2006) p. 1181-1191.
27. Hay que tener en cuenta que esta sentencia se pronunció con anterioridad a la Sentencia del TJCE en el asunto Pupino, pero con posterioridad a las Conclusiones presentadas por la Abogada Generla Kokott en dicho asunto. Con prudencia, el TC Polaco, tras reconocer la obligatoriedad de los actos del Tercer Pilar, estima que «there is therefore at least one potential possibility of clearly recognising the obligation to apply interpretation that is in conformity with the law of the third pillar». No obstante, considera que en el presente caso dicha interpretación no es posible, debido a que uno de los límites de la obligación de interpretación conforme es precisamente la no agravación de la situación de los individuos en el proceso penal: «There is no doubt that the surrender of a person indicted on the basis of the EAW in order to conduct criminal proceedings against this person in connection with an act, which according to Polish law is not a crime, could lead to the aggravation of the situation of the indicted person». Véase el punto III.3.4 de la Sentencia.
28. o 27, pp. 199-204.
29. Ley sobre la modificación de la Constitución de la República de Polonia de 8 de septiembre de 2006, Dziennik Ustaw Nr. 200, Pos. 1471. Sobre la problemática ligada a la reforma constitucional que tuvo lugar tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional polaco, véase, Bainczyk, M., «Die Öffnung der Verfassung der Republik Polen für den Europäischen Haftbefehl», Europarecht 2008, 2, pp. 257-269, especialmente, p. 265.
30. Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 18 de julio de 2005 (2 BvR 2236/04).
31. Tomuschat, C., «Inconsistencies-The German Federal Constitutional Court on the European Arrest Warrant», European Constitutional Law Review, 2006, 2, pp. 209-226, p. 212.
32. o 43, pp. 583-595.
33. o 47 a la Ley fundamental (de 29 de noviembre del año 2000, BGBl. 2000 I, p. 1633).
34. Para una crítica de la Sentencia del BVerfG, véase, entre otros: Tomuschat, C., «Inconsistencies-The German Federal Constitutional Court on the European Arrest Warrant», European Constitutional Law Review, 2006, 2, pp. 209-226, p. 212.
35. o 43, p. 586 y ss. Véase asimismo el voto particular del Juez Gerhardt.
36. Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Eruopäischen Union (EuHbG), BGBl I p. 1748.
37. Gas, T., «Die Verfassungswidrigkeit des Europäischen Haftbefehlsgesetzes-gebotener Grundrechtsschutz oder euroskeptische Überfrachtung?», Europarecht 2006 Heft 2, pp. 285-298, p. 287 y ss.
38. o 35 I p.1721.
39. Informe de la Comisión relativo a la aplicación, desde 2005, de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, COM (2007) 407 final, p. 7.
40. Sentencia del Tribunal Supremo de Chipre de 7 de noviembre de 2007 (294/2005). Un resumen de la sentencia puede consultarse en la nota de la delegación chipriota al resto de las Delegaciones, Documento del Consejo 14281/05, de 11 de noviembre de 2005. Para un comentario de la misma, véase: Tsadiras, A.: «Cyprus Supreme Court, Judgment of 7 November 2005 (Civil Appeal no. 294/2005) on the Cypriot European Arrest Warrant Law», Common Market Law Review 44, 2007, pp. 1515-1528.
41. El Tribunal Supremo declaró la inconstitucionalidad de la ley, por dos motivos: en primer lugar, las razones de detención son enumeradas de forma exhaustiva en la Constitución de Chipre, y no se encuentra entre ellas el motivo de detención con la finalidad de entrega a otro Estado miembro. En segundo lugar, expresa el Tribunal que la transposición de las decisiones marco debería haberse llevado a cabo según los procedimientos legítimos de cada Estado miembro, y que ello no había sido así, ya que las disposiciones nacionales son contrarias a la Constitución. Dice la nota enviada al Consejo por la Delegación chipriota que «with this reasoning, the Court concludes, even though not explicitly, that framework decisions may not be considered superior to the Constitution».
42. El nuevo artículo 1 (A) de la Constitución de Chipre establece que «no provision of this Constitution will be held to annul laws that are enacted, acts that are carried out or meaures that are introduced by the Republic which are necessary by reason of its obligations as a Member State of the European Union or hinder Regulations, Directives or other acts or binding measures of a legislative character that are adopted by the European Union or the European Communities or their institutions or their competent bodies on the basis of the Treaties establishing the European Communities or the European Union from producing legal effect in the Republic».
43. Sentencia del Tribunal Constitucional de la República Checa de 3 de mayo de 2006 (Pl. ÚS 66/04). Una traducción al inglés puede encontrarse en: http://angl.concourt.cz/ angl_verze/index_angl.php.
44. Sarmiento, D., «European Union: The European Arrest Warrant and the quest for constitutional coherence», International Journal of Constitutional Law 2008 6(1), pp. 171-183, en p. 174.
45. El BVerfG señaló que «el legislador podía haber escogido una implementación que mostrara mayor consideración a los derechos humanos concernidos sin infringir los objetivos obligatorios de la Decisión marco, porque la Decisión marco contiene posibilidades de excepción que permiten que la República Federal de Alemania tenga en cuenta los requerimientos de los derechos fundamentales que emanan del artículo 16.2 de la Ley Fundamental ». Punto 95 de la Sentencia.
46. En efecto, la Decisión marco no permite la absoluta exclusión de la posibilidad de la entrega de los propios nacionales. Únicamente se encuentran recogidos entre los motivos de no ejecución facultativa la limitar la entrega de aquellas personas (nacionales o residentes) cuyos actos delictivos hubieran sido realizados en el territorio del Estado miembro de ejecución, o fuera del Estado miembro de emisión, si el Estado de ejecución no permitiera la persecución por dichos actos cuando hubieran sido cometidos fuera de su territorio (artículo 4, punto 7 letras a y b de la Decisión marco). Asimismo, puede denegarse la entrega de una persona para la ejecución de una pena o medida de seguridad si la persona es nacional, residente o habita en el Estado miembro de ejecución, y se compromete a ejecutar la pena o medida de seguridad (artículo 4 punto 6). También puede supeditarse la entrega al compromiso de que tanto nacionales como residentes en el Estado miembro de ejecución sean devueltos al mismo para cumplir con la pena (artículo 5 punto 3).
47. La posibilidad de control de las normas nacionales de transposición que dejan margen de apreciación al legislador nacional ha sido afirmado por diversas jurisdicciones constitucionales (por ejemplo, BVerfG 1BvR 265/08), así como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
48. Sobre esta cuestión puede verse: Alonso García, R., «Los Tribunales Constitucionales y el control del derecho interno conectado con el comunitario», Foro, núm. 2/2005, pp. 153-176.
49. Punto III.2.4 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Polaco.
50. o 3, pp. 418-435.
51. Ver puntos 52 a 54 de la sentencia del TC Checo en el asunto sobre la orden europea de detención y entrega.
52. Es decir, «so long as these powers are exercised by organs of the EU in a manner that is compatible with the preservation of the foundations of a state sovereignty of the Czech Republic, and in a manner which does not threaten the very essence of the substantive law based state». Esta posibilidad, es caracterizada de «exceptional and highly unlikely eventuality ». Punto 53 de la Sentencia. Véase asimismo la Sentencia de 8 de marzo de 2006 PL US 50/04. Se suma así el Tribunal Constitucional de la República Checa a otros pronunciamientos constitucionales que imponen límites a la doctrina de la primacía sentada por el TJCE. Véase sobre esta cuestión: Rodríguez Iglesias, G. C., «Tribunales Constitucionales y Derecho Comunitario», en Pérez González, M. (Coord.), Hacia un nuevo orden internacional y europeo: estudios en homenaje al profesor don Manuel Díez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 1175-1200.
53. o 2, 1997, pp. 239-376.
54. En el punto 56 de la Sentencia, el Tribunal Constitucional checo considera que «despite the fact that the contested provisions were adopted for the purpose of transposing a framework agreement, which leaves no room for discretion as to the choice of means, it might still be the case that this is an enactment which the Constitutional Court may review for its consistency with the Czech constitutional order. Whether it may proceed in such a manner depends on the actual nature and status of norms adopted under the Third Pillar, such as Framework Decisions» (El subrayado es nuestro).
55. o 186, 2000, pp. 23-36, p. 31.
56. Sobre las peculiaridades de la jurisdicción del TJCE en el ámbito del Título VI del TUE, véase Albors Llorens, A., «Changes in the jurisdiction of the European Court of Justice under the Treaty of Amsterdam», Common Market Law Review, vol. 35, 1998, pp. 1273-1294.
57. Curti Gialdino, C., «Schengen et le troisième pilier: le contrôle juridictionnel organizé pour le traité d'Amsterdam» R.M.U.E. 1998/2, pp. 89-124.
58. Eeckhout, P., «The European Court of Justice and the 'Area of freedom, security and justice': Challenges and Problems», en O'Keeffe, D. (Ed.), Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn of Hadley. Judicial Review in European Union Law, Kluwer Law International, 2000, Vol. 1, pp. 153-166.
59. Faramiñán Gilbert, J. M., «El Tribunal de Justicia en los Tratados de Maastricht y de Ámsterdam: una visión comparativa», en Faramiñán Gilbert, J. M. (coord.), Reflexiones en torno al Tratado de Amsterdam y el futuro de la Unión Europea, Ed. Comares, Granada, 2000, pp. 159-198.
60. Fenelly, «The area of 'Freedom, Security and Justice' and the European Court of Justice-A personal view» (2002) 49 International and Comparative Law Quarterly. p. 1-14.
61. González Alonso, L. N., «La jurisdicción comunitaria en el nuevo espacio de libertad, seguridad y justicia», Revista de Derecho Comunitario Europeo, 1/1998, pp. 501-545.
62. Kapteyn, P.J.G., «The Court of Justice after Amsterdam: taking stock», en Heukels, T./Blokker, N./Brus, M. (eds.), The European Union after Amsterdam. A Legal Analysis, Ed. Kluwer, La Haya, 1998, pp. 139-151.
63. Ludwig, C. H., Die Rolle des europäischen Gerichtshofes im Bereich Justiz und Inneres nach dem Amsterdamer Vertrag. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2002.
64. Urrea Corres, M., «El espacio de libertad, seguridad y justicia y la competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: hacia una jurisdicción flexible», Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, núm. 23, 2003, pp. 65-101.
65. En efecto, ante una coyuntura semejante, la Corte de Arbitraje belga, hoy Tribunal Constitucional, consideró que las alegaciones formuladas contra la ley de transposición «valen, en la misma medida, para la Decisión marco», motivo por el cual remitió al Tribunal de Justicia el planteamiento de una cuestión prejudicial, que ha dado lugar a la Sentencia del TJCE de 3 de mayo de 2007, Advocaten voor der Vereld VZW, asunto C-303/05, en el cual se ha resuelto favorablemente respecto de la cuestión de la compatibilidad de la Decisión marco con los derechos fundamentales.
66. Asunto 314/85, Foto-Frost, Rec. 1987, p. 4199.
67. o 186, 2000. p. 31.
68. o 14 (2007) pp. 1-24, especialmente, pp. 9 y ss.
69. Arnull, A., The European Union and its Court of Justice, Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 134 y ss.
70. Sobre un razonamiento semejante aplicado al art. 68 TCE: Ludwig, C. H., Die Rolle des europäischen Gerichtshofes mi Bereich Justiz und Inneres nach dem Amsterdamer Vertrag. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001.
71. Asuntos acumulados C-143/88 y C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen, Rec. 1991, p. I-415.
72. C-465/93, Atlanta, Rec. 1995, I-3761.
73. Thun-Hohenstein, C., «Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Amsterdam», en Köck, H. F. (Ed.), Rechtsfragen an der Jahrtausendwende, Linde, Viena, 1998.
74. Sobre esta cuestión, véase Hinarejos, A., Judicial Control in the European Union, Reforming Jurisdiction in the Intergovernmental Pillars, Oxford University Press, Oxford, 2009.
75. Título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
76. Carrera, S.; Geyer, F., «El Tratado de Lisboa y un Espacio de libertad, seguridad y justicia: excepcionalismo y fragmentación en la Unión Europea», Revista de Derecho Comunitario Europeo, (2008) 29, pp. 133-162, p. 143.
77. Skouris, V., «De nouveaux défis pour la Cour de justice dans une Europe élargie», (2008) 9 ERA Forum, pp. 99 y ss., n 28.
78. Lenaerts, K., «The rule of law and the coherence of the judicial system of the European Union'», 44 (2007) Common Market Law Review pp. 1625-1659, p. 1633.
79. o 10, 2005, pp. 1-32.
80. Artículo 276 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, DO C 115 de 9 mayo 2008. Nueva versión consolidad en el DOUE C 83, de 30.03.2010. Véase asimismo el Artículo III-337 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
81. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16.6.2005, Pupino, Asunto C-105/03, Rec. p. I-5285.
82. Aunque tras la reforma de Lisboa no cabe hablar propiamente de derecho comunitario, aquí seguimos utilizando este término para marcar la contraposición con las normas del antiguo Tercer Pilar.
83. Véase, en particular: Gierich, T., «Verschmelzung der drei Säule der EU durch europäisches Richterrecht?», Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV) 67 (2007) 351-383.
84. Von Bogdandy, A., «The Legal Case for Unity: The European Union as a Single Organization with a Single Legal System», Common Market Law Review 36 (1999), pp. 887-910.
85. Sobre la primacía de los actos del Tercer Pilar: Lenaerts, K. y Corhaut, T., «Of birds and hedges: the role of primacy in invoking norms of EU law», European Law Review, 2006 31, pp. 287-315.
86. Gierich, T. «Verschmelzung der drei Säule der EU durch europäisches Richterrecht?», Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV) 67 (2007), p. 378
87. o 5, 2008, pp. 620-634, p. 633.
88. o 1, pp. 569-581, p. 578.
89. BVerfG 89, 155.
90. BverfG 2BvR 2236/04, puntos 81 y 82.
91. Herrmann, C., «Much Ado Abotu Pluto? The 'Unity of the Legal Order of the European Union' Revisited» EUI Working Papers, RSCAS 2007/05, p. 1-22, p. 4.
92. o 10, pp. 1314-1355, p. 1330.
93. No obstante, hay que señalar que el TC Alemán no se pronuncia expresamente sobre la cuestión de la primacía de los actos del Tercer Pilar. Gas, T., «Die Verfassungswidrigkeit des Europäischen Haftbefehlsgesetzes-gebotener Grundrechtsschutz oder euroskeptische Überfrachtung?», Europarecht 2006 Heft 2, p. 287.
94. Ver punto 59 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Checo en el asunto sobre la Decisión marco.
95. Tsadiras, A., «Cyprus Supreme Court, Judgment of 7 November 2005 (Civil Appeal no. 294/2005) on the Cypriot European Arrest Warrant Law», Common Market Law Review 44, 2007, p. 1518. Estas consideraciones recuerdan a las realizadas por el Tribunal Constitucional alemán en su sentencia sobre el Tratado de Maastricht, (BverfG 89, 115) en la que señalaba que, dadas sus particulares características, el derecho adoptado al amparo de los Títulos VI y V del TUE «no puede dar lugar a un derecho aplicable directamente en los Estados miembros y que tenga rango preferente».
96. BverfG 2BvR 2236/04, 81.
97. Sobre esta cuestión: Piquani, D., «Supremacy of European Law revisited: New developments in the context of the Treaty Establishing a Constitution for Europe», VII World Conference of the Constitutional Law International Association, Atenas, Junio 2007, disponible en: http://www.enelsyn.gr/papers/w4/Paper%20by%20Darinka%20Piqani.pdf
98. Una exposición de las diferentes aproximaciones en: Dougan, M., «When worlds collide! Competing visions fo the relationship between direct effect and supremacy», Common Market Law Review 44 (2007), pp. 931-963, p. 936-937.
99. o 5, 2008, p. 621.
100. Lenaerts, K. y Corhaut, T., «Of birds and hedges: the role of primacy in invoking norms of EU law», European Law Review, 2006 31, pp. 287-315.
101. o 14 (2007). p. 15. Estas incertidumbres, como indica el autor, quedaron despejadas por la jurisprudencia Pupino.
102. Sobre este «efecto» véase: Figueroa Regueiro, P. V., «Invocability of substitution and Invocability of Exclusion: Bringing Legal realism to the Current Development of the Case-Law of 'Horizontal' Direct Effect of Directives», Jean Monnet Working Paper 7/02.
103. o 12, 2006, pp. 1-21. Véanse asímismo las conclusiones del Abogado General Léger en el asunto en que recayó la sentencia de 19 de septiembre de 2000, Linster (C-287/98, Rec. p. I-917), puntos 67 y ss.
104. Sentencias de 1 de febrero de 1977, Verbond van Nederlandse Ondernemingen, C-51/76, Rec. p. 113, apartados 22 a 24.
105. de 24 de octubre de 1996 Kraaijeveld, antes citada, apartado 56.
106. de 16 de septiembre de 1999, WWF, C-435/97, Rec. p. I-5613, apartado 69.
107. de 19 de septiembre 2000, Linster, asunto C-287/98, Rec. p. I-6917, apartados 37 y 38.
108. de 15 de junio del 2000, Brinkmann, asunto C-365/98, Rec. p. I-4619, apartado.
109. de 7 de septiembre de 2004, Waddenzee, asunto C-127/02, Rec. p. I-7405. No obstante, esta jurisprudencia ha sido interpretada en clave de efecto directo de las directivas aun a pesar del margen de apreciación por la Abogada General Kokott en sus Conclusiones en el Asunto Waddensee, antes citado.
110. Véanse las Conclusiones presentadas por el Abogado General Saggio en los asuntos en que recayó la sentencia de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y Salvat Editores (C-240/98 a C-244/98, Rec. p. I-4941), puntos 37 a 39, y la doctrina por él citada. Véase asimismo Lenaerts, K. y Corhaut, T., «Of birds and hedges: the role of primacy in invoking norms of EU law», European Law Review, 2006 31, pp. 287-315.
111. Dougan, M., «When worlds collide! Competing visions fo the relationship between direct effect and supremacy», Common Market Law Review 44 (2007). p. 947. El Tribunal de Justicia ha señalado en el asunto Pfeiffer que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de interpretar una disposición interna, incluso reduciendo el alcance de dicha disposición de manera que se aplique sólo en la medida en que resulte compatible con el derecho comunitario, si mediante la aplicación de los métodos interpretativos reconocidos por su Derecho nacional, esta posibilidad existiera para evitar conflictos con otras normas de su derecho interno. Sentencia del Tribunal de Justicia, Asuntos C-397 a 403/01, Pfeiffer, Rec. I-8835, apartado 116.
112. Para un razonamiento semejante, eso sí, en el ámbito del primer pilar, véanse las Conclusiones cits (nota 59) del Abogado General Saggio en los asuntos Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, punto 39.
113. Lenaerts y Corthaut argumentan que los elementos en los que se basó el Tribunal de Justicia para proclamar el principio de primacía se reproducen en el ámbito del Tercer Pilar. Lenaerts, K. y Corhaut, T.: «Of birds and hedges: the role of primacy in invoking norms of EU law», European Law Review, 2006 31, p. 289 y ss.
114. o 5, 2008, p. 633.
115. El nuevo artículo 1 (A) de la Constitución de Chipre establece que «no provision of this Constitution will be held to annul laws that are enacted, acts that are carried out or meaures that are introduced by the Republic which are necessary by reason of its obligations as a Member State of the European Union or hinder Regulations, Directives or other acts or binding measures of a legislative character that are adopted by the European Union or the European Communities or their institutions or their competent bodies on the basis of the Treaties establishing the European Communities or the European Union from producing legal effect in the Republic».
116. El artículo 29.4 10° de la Constitución irlandesa señala que: «No provision of this Constitution invalidates laws enacted, acts done or measures adopted by the State which are necessitated by the obligations of membership of the European Union or of the Communities, or prevents laws enacted, acts done or measures adopted by the European Union or by the Communities or by institutions thereof, or by bodies competent under the Treaties establishing the Communities, from having the force of law in the State».
117. o 10, p. 1343.
118. o 10, 2005, pp. 1355-1366, p. 1360.
119. Véase la sentencia de 11 de mayo de 2005 sobre la adhesión de Polonia a la UE, K 18/04.
120. Rodríguez Iglesias, G. C., «La primauté du droit communautaire sur le droit constitutionnel national», en Festskrift til Claus Gulmann. Liber Amicorum, Forlaget Thomson, Copenhague 2006, pp. 416-421, p. 418.
121. Véanse los puntos 81 y ss. de la Sentencia del Tribunal Constitucional Checo en el asunto sobre la euroorden.
122. En Reino Unido, la Cámara de los Lores ha hecho uso del principio de interpretación conforme en el la Sentencia de 28 de febrero de 2007 en el asunto Dabas v. High Court of Justice, Madrid, [2007] UKHL 6. Sobre la importancia del principio de interpretación conforme en Irlanda, a la vista de la exclusión de la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales, véase: Fahey, E., «How to be a Third Pillar guardian of fundamental rights? The Irish Supreme Court and the European arrest warrant», European Law Review, 2008, Vol. 33, 4 pp. 563-576.
123. o 3, pp. 5-24, p. 18 y ss.
124. Gierich, T., «Verschmelzung der drei Säule der EU durch europäisches Richterrecht?», Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV) 67 (2007), p. 378.
125. Santos Vara, J., «La aplicación de la doctrina de la interpretación conforme a las decisiones marco. El acercamiento de la cooperación policial y judicial en materia penal al primer pilar. Comentario a la sentencia del TJCE de 16 de junio de 2005, asunto Pupino», Revista General de Derecho Europeo, 18 (2005), pp. 1-23, p. 18.
126. o 5, pp. 1361-1386.
127. Véase la opinión disidente del juez Gerhardt, que señaló que: «Nothwithstanding the fact that the Treaty on European Union does not provide infringement proceedings in this respect, continued nonincorporation infringes the obligations of the Federal Republic of Germany to the Union and the requirement of consideration and solidarity in its relation to the other Member States. This infringement is all the more serious because pursuant to national constitutional law, the unconstitutionality of an Act indeed does not forcibly result in its being declared void. The Basic Law's commitment to Germany's integration into a unified Europe, which the Setate has strongly emphasised several times recently, and the obligation under European law to interpret Framewok Decisions inconformity with European Community law (ECJ, Judgment of 16 June 2005, marginal no.43) compel to create at least a legal situation that is as close as possible to European Union law by means of teh continued application, albeit reduced factually and codified in conformity with the constitution for a transitional period».
128. Acuerdos del Pleno de la Audiencia nacional de 21 de julio de 2005 y de 20 de septiembre de 2005. Sobre esta cuestión puede verse: García Coso, E., «La aplicación en España de la euroorden y su aplicación judicial: las limitaciones impuestas por algunos Tribunales Constitucionales Europeos y la garantía de los Derechos y Libertades Fundamentales », en González Ibáñez, J. (Coord.), Derechos humanos, relaciones internacionales y globalización, Ibáñez, Bogotá, 2006, pp. 321-360
129. o 18, 2006, pp. 279-321.
130. o 5. La doctrina ha calificado de «encomiable» esta estimación. Véase: Gordillo Pérez, L. I., «El juez nacional y el juez europeo ante la Euroorden», en Revenga Sánchez, M. (Coord.), El poder judicial: VI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, Tirant lo Blanch, Valencia 2009, pp. 755-790, p. 774.
131. Gierich, T., «Verschmelzung der drei Säule der EU durch europäisches Richterrecht?», Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV) 67 (2007). p. 353.