The treaty of Lisbon and the area of freedom, security and justice: Exceptionalism and fragmentation in the European union;El tratado de Lisboa y un espacio de libertad, seguridad y justicia: Excepcionalismo y fragmentación en la unión Europea

Revista de Derecho Comunitario Europeo

Volumn 12, Issue 29, 2008, Pages 133-162

  Carrera, Sergio ^a   Geyer, Florian ^a  

^a Centre for European Policy Studies (CEPS) de Bruselas   (Belgium)

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Area of Freedom; Exceptionalism; Justice and Home Affairs; Security and Justice; Treaty of Lisbon

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EID: 80051816906     PISSN: 11384026     EISSN: None     Source Type: Journal    
DOI: None     Document Type: Article

References (77)

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3. Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa, DOUE C 310/1, 16 Diciembre 2004. Véase Martín y Pérez de Nanclares, J., «El nuevo espacio de libertad, seguridad y justicia en el proyecto de Constitución para Europa», Soberanía del Estado y derecho internacional: homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, Vol. 2, Universidad de Sevilla, 2005, pp. 857-878.
4. Para una comparación entre el Tratado Constitucional y el Mandato adoptado el 21/22 Junio 2007 para la CIG véase House of Commons (Cámara de los Comunes), European Scrutiny Committee, European Union Intergovernmental Conference, Thirdty-Fifth Report of Session 2006-2007, 9 October 2007, London.
5. Peers, S. (2007), Analysis of the Amended Text of the Draft Reform Treaty, Statewatch Analysis: EU Reform Treaty, 12 October 2007, disponible en www.statewatch.org
6. Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, DOUE C 306/01, 17 diciembre 2007. En este sentido, Aldecoa Luzárraga, F., y Guinea Llorente, M., El rescate sustancial de la Constitución Europea a través del Tratado de Lisboa: la salida del laberinto, Documento de Trabajo No. 9/2008, 20 Febrero 2008, disponible en www.realinstitutoelcano.org.
7. Álvarez Rubio, J. J., «Libertad, seguridad y justicia en la nueva Europa», en Del Río Villar, S. (coord.), Europa: el Estado de la Unión, Editorial Aranzadi, Navarra, 2006, pp. 119-138.
8. Andrés Sáenz de Santa María, P., «El Tratado de Lisboa: Comienza un nueva etapa para Europa», Diario La Ley, No. 6851, 31 de diciembre de 2007.
9. Martín y Pérez de Nanclares, J., Estudio Preliminar sobre el Tratado de Lisboa, 2008, disponible en www.realinstitutoelcano.org
10. Ver la numeración definitiva de los artículos presentada en las Tablas de Correspondencias a que se refiere el artículo 5 del Tratado de Lisboa, DOUE C 306/01, 17 diciembre 2007, página 202 y ss.
11. Scandamis, N., and Boskovits, K. (2006), Governance as security, Sakkoulas, Athens, Bruylant, Brussels, 2006.
12. Jimeno-Bulnes, M., «European Judicial Cooperation in Criminal Matters», European Law Journal, Vol. 9, No. 5, diciembre 2003, que ofrece un análisis sobre las inno vaciones e instrumentos jurídicos en el campo de cooperación judicial Europea en materia penal.
13. Véase también, Jimeno-Bulnes, M., «Las Nuevas Tecnologías en el Ámbito de la Cooperación Judicial Europea», Estudios Jurídicos sobre la Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías, Con Motivo del XX Aniversario de la Facultad de Derecho de Burgos, Universidad de Burgos y Fundación Caja de Burgos, 2005, pp. 434-465.
14. Jimeno Bulnes, M., La Cooperación Judicial Civil y Penal en el Ámbito de la Unión Europea: Instrumentos Procesales, Universidad de Burgos, Bosch Procesal, Barcelona, 2007, pp. 29-53.
15. Para un estudio detallado sobre estas políticas comunitarias véase Carrera, S., «¿Hacia una Política Común sobre Inmigración Laboral en la UE?», en Valdés Dalré, F., y Zufiaur Narvaiza, J. M. (eds.), Hacia un mercado europeo de empleo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Centro de Publicaciones, 2006.
16. Véase también Carrera, S., «Programas de integración para inmigrantes: una perspectiva comparada en la Unión Europea», Revista Migraciones, No. 20, 2006, pp. 37-73.
17. Art. I-33 Tratado Constitucional.
18. Artículo 34.2 del TUE.
19. Para un estudio pormenorizado sobre los efectos negativos de la dualidad de Pilares en los campos de Justicia y Asuntos Interior véase Balzacq, T., y Carrera, S., Migration, Borders and Asylum: Trends and Vulnerabilities in EU Policy, CEPS, Brussels, 2005.
20. Balzacq, T., y Carrera, S., «The Hague Programme: The Long Road to Freedom, Security and Justice», en Balzacq, T., y Carrera, S. (eds), Security versus Freedom: A Challenge for Europe's Future, Aldershot, Ashgate Publishing, 2006, pp. 1-32.
21. Boixareu Carrera, A., «Un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia», en Arias Fernández, G., y Ramírez Sánchez, B. (coords.), Asilo, Inmigración y Cruce de Fronteras, Universidad Antonio de Lebrija, Ministerio de Interior, Madrid, 2000, pp. 11-32.
22. Liñan Nogueras, J., «El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia», en Mangas Martín, A., y Liñan Nogueras, D. J. (coord.), Instituciones y Derecho de la Unión Europea, McGraw Hill, Madrid, 1999, pp. 377-391.
23. Peers, S., EU Reform Treaty Analysis 1: JHA provisions, Statewatch, August 2007, p. 4. Disponible en www.statewatch.org.
24. Craig, P., y de Búrca, G., UE Law: Text, Cases and Materials, Third Edition, Oxford University Press, Oxford, 2007.
25. Peers, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, Oxford University Press, 2006.
26. Anderson, M., y Apap, J., Striking a Balance between Freedom, Security and Justice in an Enlarged European Union, Centre for European Policy Studies, Brussels, 2002, pp. 25-28.
27. Apap, J., y Carrera, S., «Progress and Obstacles in the Area of Justice and Home Affairs in an Enlarging Europe», en APAP, J. (ed.), Justice and Home Affairs in the EU: Liberty and Security Issues after Enlargement, Cheltenham, 2004, pp. 1-24.
28. Den Boer, M., «The European Convention and its Implications for Justice and Home Affairs Cooperation», en APAP, J. (ed.), Justice and Home Affairs in the EU: Liberty and Security Issues after Enlargement, Cheltenham, 2004, pp. 121-135.
29. Véase Parlamento Europeo, Informe Sobre el Tratado de Lisboa, 2007/2286/INI, 29.1.2008. Véase en concreto el punto 2 del Informe titulado «Una mayor responsabilidad democrática» (página 5) y la Opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en página 99 y ss.
30. Artículo 8C. c de la nueva versión del TUE, que en su nueva enumeración corresponderá con el Artículo 12 del TUE. El papel que el Tratado de Reforma concede a los parlamentos nacionales es de mayor importancia al compararlo con el que se preveía en el Tratado Constitucional en su Artículo I-42.2.
31. Para. 11 del Mandato de la CIG.
32. El Artículo 5.3 establece que «En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusive, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mayor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. Las instituciones aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los parlamentos nacionales velarán por el respeto de dicho principio con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo». Davies, G., «Subsidiarity: The Wrong Idea, in the wrong place, at the wrong time», Common Market Law Review, Vol. 43, No. 1, 2006, pp. 63-84.
33. de Búrca, G., «Proportionality and Subsidiarity as General Principles of Law», en Bernitz, U., y Nergelius, J. (eds), General Principles of European Community Law, European Monographs, Kluwer Law International: The Hague, 2000, pp. 95-112.
34. El Artículo 8 «El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los recursos por violación del principio de subsidiariedad, por parte de un acto legislativo, interpuestos con arreglo a los procedimientos establecidos en el artículo
35. del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por un Estado miembro, o transmitidos por éste de conformidad con su ordenamiento jurídico en nombre de su Parlamento nacional o de una cámara del mismo. De conformidad con los procedimientos establecidos en dicho artículo, el Comité de las Regiones también podrá interponer recursos contra actos legislativos para cuya adopción el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea requiera su consulta»
36. Guild, E., y Peers, S., «Deference or Defiance? The Court of Justice's Jurisdiction over Immigration and Asylum», en Guild, E. y Harlow, C. (eds), Implementing Amsterdam: Immigration and Asylum Rights in EC Law, Oxford, 2001, pp. 267-289.
37. El Artículo 10 del TCE establece que «Los Estados Miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. Facilitará a ésta última el cumplimiento de su misión». Carrera, S., y Guild, E., «No Constitutional Treaty? Implications for the Area of Freedom, Security and Justice», en Balzacq, T., y Carrera, S. (eds), Security v. Freedom? Oxford, 2001, pp. 223-240.
38. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, DOUE C 364/1, 7 Diciembre 2000. En este sentido, Ward, A. y Peers, S., The European Charter of Fundamental Rights, Oxford, Hart, 2004.
39. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, DOUE C 303/01, 14 diciembre 2007. Véase también Explicaciones sobre la Carta de Derechos Fundamentales, DOUE C 303/02, 14 diciembre 2007.
40. Parte II del Tratado Constitucional relativo a «La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión», Arts. II-61-II-114. Guild, E., «The Variable Subject of the EU Constitution, Civil Liberties and Human Rights», European Journal of Migration and Law, Vol. 6, No. 4, 2004, pp. 381-394.
41. Guild, E. y Carrera, S., The Hague Programme & the EU's Agenda on «Freedom, Security and Justice»: Delivering Results for Europe's Citizens?, CEPS Commentary, 7 July 2006, Brussels.
42. Steering Committee on Human Rights (CDDH) of the Committee of Ministers of the Council of Europe, Study of technical and legal issues of a possible EC/EU accession to the European Convention on Human Rights, DG-II(2002)006, 28.6.2002.
43. Sobre este tema, De Schutter, O., Promoting and Protecting Fundamental Rights in the European Union: The Relations between the European Convention of Human Rights, the European Charter and the Member States' Constitutions, Briefing Paper, European Parliament, DG Internal Policies of the Union, Brussels, 2007.
44. De Schutter, O., «L'influence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la Cour de justice des Communautés européennes», en Cohen-Jonathan, G., y Flauss, J.-Fr. (dir.), Le rayonnement international de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant-Nemesis, 2005, pp. 189-242.
45. Véase también Ovey, C., y White, R. C.A., Jacobs & White: The European Convention on Human Rights, Fourth Edition, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 514-519.
46. Sudre, F., Droit européén et international des droits de l'homme, Presses Universitaires de France, Paris, 2006, pp. 646-649. 29 Artículo 69 I.2 del Tratado.
47. «Brussels eyes single European public prosecutor», Eurobserver, 1.8.2007. 31 Artículo III-261.
48. En este sentido, Statewatch, COSI-Standing Committee on Internal Security rescued from the debris of the EU Constitution, Statewatch News Online, No. 34/05, 28 septiembre 2005.
49. Tratado entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y la República de Austria relativo a la profundización de la Cooperación Transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal, Prüm (Alemania), 27 de mayo de 2005, Secretaría General del Consejo, Bruselas, 6 de diciembre de 2006, 16382/06; Instrumento de ratificación de España del Convenio relativo a la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en material de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal, hecho en Prüm el 27 de mayo de 2005, Boletín Oficial del Estado, No. 307, 25 de diciembre de 2006, pp. 45524-45534. Sobre este tema, Balzacq, T., Bigo, D., Carrera, S., y Guild, E., Security and the Two-Level Game: The Treaty of Prüm, the EU and the Management of Threats, CEPS Working Document, 2006, No. 234, January 2006, Brussels.
50. Balzacq, T., Bigo, D., Carrera, S., y Guild, E., «The Treaty of Prüm and the EC Treaty: Two Competing Models for EU Internal Security», en Balzacq, T., y Carrera, S. (eds), Security versus Freedom: A Challenge for Europe's Future, Aldershot, Ashgate Publishing, 2006, pp. 115-136.
51. Guild, E. y Geyer, F., Getting local: Schengen, Prüm and the dancing procession of Echternach-Three paces forward and two back for EU police and judicial cooperation in criminal matters, Journal of European Criminal Law (JECL) vol. 3, 2006, pp. 61-66.
52. El Artículo 10.2 establece que «La modificación de un acto contemplado en el apartado 1 conllevará que se aplique, respecto del acto modificado y en relación con los Estados miembros a los que vaya a aplicarse el mismo, las atribuciones de las instituciones mencionadas en dicho apartado que establecen los Tratados».
53. Artículo 4 bis.3 del Protocolo.
54. Artículo 61 G (nuevo Artículo 74) TFU.
55. Similar a lo establecido en el Artículo III-263 del Tratado Constitucional.
56. Artículo III-264 del Tratado Constitucional.
57. De Hoyos Sancho, M., «El Principio de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea: ¿Asimilación Automática o Corresponsabilidad?», Revista de Derecho Comunitario Europeo, Año 9, No. 22, Septiembre-Diciembre 2005.
58. Peers, S., «Mutual Recognition and Criminal Law in the European Union: Has the Council got it wrong?», Common Market Law Review 41, 2005, pp. 5-36.
59. El Artículo III-271.3 del Tratado Constitucional estipulaba que «Cuando un miembro del Consejo considere que un proyecto de ley marco europea contemplada en los apartados 1 o 2 afecta a aspectos fundamentales de su sistema de justicia penal, podrá solicitar que el asunto se remita al Consejo Europeo, en cuyo caso quedará suspendido el procedimiento establecido en el artículo III-396, de ser aplicable. Previa deliberación, el Consejo Europeo, en el plazo de cuatro meses a partir de dicha suspensión: a) devolverá el proyecto al Consejo, poniendo fin con ello a la suspensión del procedimiento establecido en el ar tículo III-396, de ser aplicable, o bien b) pedirá a la Comisión o al grupo de Estados miembros del que emane el proyecto, que presente un nuevo proyecto, en cuyo caso se considerará que no ha sido adoptado el acto propuesto inicialmente».
60. Esta regla ya estaba incluida en el Tratado Constitucional, Artículo III-269.
61. El Artículo 18.3 TCE establece que «El apartado 2 no se aplicará a las disposiciones referentes a los pasaportes, los documentos de identidad, los permisos de residencia o cualquier otro documento asimilado, ni a las disposiciones referentes a la seguridad social o la protección social». Véase también el Artículo III-125.2 del Tratado Constitucional.
62. Fijnaut, C., «Police Cooperation and the Area of Freedom, Security and Justice», en Walker, N. (ed.), Europe's Area of Freedom, Security and Justice, Oxford, 2004, pp. 241-282.
63. Anderson, M., y Apap, J., Police and Justice Cooperation and the New European Borders, The Hague, Kluwer Law International, 2002.
64. Parlamento Europeo, Informe sobre la aprobación por el Parlamento Europeo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, A6-0445/2007, 14.11.2007, párrafo C. «EU rights charter signing attracts protest», eurobserver, 12.12.2007; UK House of Commons (Cámara de los Comunes), EU Scrutiny Committee, 35th Report, Session 2006-07, European Union Intergovernmental Conference, 2.10.2007, pp. 18-21.
65. Duff, A., «Exclusion zone», Parliament Magazine, 10.9.2007, p. 18.
66. «UK's treaty 'safeguards' attacked», BBC News, 6.2.2008.
67. Además, el Artículo 2 establece que «En la medida que una disposición de la Carta se refiera a prácticas y legislaciones nacionales, sólo se aplicará en Polonia o en el Reino Unido en la medida en que los derechos o principios que contiene se reconozcan en la legislación o prácticas de Polonia o del Reino Unido».
68. La Declaración No. 51 sobre Declaración de la República de Polonia relativa al Protocolo sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales a Polonia y al Reino Unido dice que «La República de Polonia, teniendo presente la tradición del movimiento solicita «Solidaridad» y su notable contribución a la lucha por los derechos socia les y los derechos de los trabajadores, declara que respeta plenamente esos derechos, según lo establecen en el Derecho de la Unión Europea, y en particular los que se reafirman en el título IV de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea».
69. Esta es una excepción que ya se incluía en el Tratado Constitucional en su Artículo III-377.
70. Fuente: Esta tabla ha sido proporcionada por el Consejo de la Unión Europea, DG H-Justicia y Asuntos de Interior. Parece ser que Lituania y Eslovenia han reconocido también la competencia del TJCE en estos campos. Sin embargo no existe a tiempo presente información pública sobre los órganos jurisdiccionales nacionales competentes en estos dos estados miembros. Véase Sanfruros Cano, E., «The Third Pillar and the Court of Justice: A «Praetorian Communitarization» of Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters?», in Geyer, F. and E. Guild, E. (eds), Security versus Justice? Police and Judicial Cooperation in the European Union, Ashgate, Hampshire, 2008, p. 52.
71. Para otras opiniones diversas en lo relativo a los efectos de la cooperación reforzada en la UE véase por ejemplo De Witte, B., Hanf, D., y Vos, E., The Many Faces of Differentiation in EU Law, Antwerp, Oxford, New York, Insertia, 2001.
72. De Witte, B., «Future Paths of Flexibility: Enhanced Cooperation, Partial Agreements and Pioneer Groups», en De Zwaan, J. W., Jans, J. H., Nelissen, F. A. y Blockmans, S. (eds), The European Union an Ongoing Process of Integration. Liber Amicorum Alfred E. Kellerman, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2004, pp. 141-152.
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74. Kurpas, S., De Clerck-Sachsse, J., Torreblanca, J. I., y Ricard-Nihoul, G., «From Threat to Opportunity. Making Flexi ble Integration Work», European Policy Institutes Network, Working Paper, No. 15, 2006, Brussels.
75. Bigo, D., Carrera, S., Guild, E., y Walker, R., The Changing Landscape of European Liberty and Security: Mid-Term Report on the Results of the CHALLENGE Project, CHALLENGE Paper No. 4, Centre for European Policy Studies, Brussels, February 2007, pp. 7-9.
76. Guild, E., y Carrera, S., The Hague Programme & the EU's agenda on freedom, security and justice: delivering results for Europe's citizens?, CEPS Commentary, Brussels, 10 July 2006.
77. Para un estudio sobre los elementos fragmentadores del ELSJ en el contexto jurídico actual, y de sus limitaciones materiales, procedimentales y espaciales, véase Martín y Pérez de Nanclares, J., La Inmigración y el Asilo en la Unión Europea: Hacia un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, Editorial COLEX, Madrid, 2002.