Delegated acts in the system of the sources of European Union law;Los Actos Delegados En El Sistema De Fuentes De Derecho De La Unión Europea

Revista de Derecho Comunitario Europeo

Volumn 14, Issue 37, 2010, Pages 721-760

  Clariana, Gregorio Garzón ^a  

^a UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA   (Spain)

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Comitology; Committee of the Regions; COSAC; Council; Court of Justice; Delegated Directives; Delegated regulations; European Commission; European Convention; European Parliament; General Court; Groups of experts; Legislation; Non legislative acts; Parliaments of Member States; Secondary law; Secondary legal bases; Sources of European law; Subsidiarity principle

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EID: 84860421566     PISSN: 11384026     EISSN: None     Source Type: Journal    
DOI: None     Document Type: Article

References (169)

1. Cf.e.g. Piris, J.C., El Tratado Constitucional para Europa: un anàlisis jurídico, trad. de F. J. Muñoz Martín y M. Valdivieso Blanco, Madrid 2006 pp. 106-107.
2. El presente estudio forma parte de la investigación prevista en el proyecto «Democracia y Derecho en las Instituciones Europeas» de la Cátedra Jean Monnet ad personam del autor.
3. Parlement européen: Projet de traité instituant l'Union européenne, Luxemburgo 1984.
4. Sobre la significación de esta etapa, cf. e.g. Carreras, F. de, «Por una Constitución Europea», Revista de Estudios Políticos 1995, p. 213.
5. Dictamen 1/91 de 14 de diciembre de 1991, Rec. p. I-6079, apartado 14. Este apartado aplica específicamente la «regla general de interpretación» y no los medios complementarios, pero nada en él permite suponer que el Tribunal quisiera acoger sólo parcialmente el sistema de interpretación del Convenio de Viena, descartando el recurso a estos últimos.
6. Artículo 10, apartado 1 del Tratado de la Unión europea.
7. Para una presentación más extensa de los trabajos relativos a los actos jurídicos véase Rosado Pacheco, S., «Los Reglamentos delegados en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa», Álvarez Conde, E. y Garrido Mayol, V. (dirs.), Comentarios a la Constitución Europea, Valencia 2004, p. 335-370; pp. 339-351.
8. La crítica mencionada en el texto parece proceder en parte de una lectura, cuando menos discutible, de la referencia a un episodio (la reunión del Praesidium de 14 de febrero de 2003) en un libro publicado por uno de sus protagonistas: véase Gil Ibáñez, A.J., «Nueva tipología y jerarquía normativa», Noticias de la Unión Europea 250, 2005 p. 63-79; pp. 74, 75 y 79.
9. Cf. CONV 369/02, de 28 de octubre de 2002, artículos 28 a 32. La documentación pertinente de la Convención Europea puede consultarse todavía en http://europeanconvention. eu.int.
10. Cf. Liisberg, J. B., The EU Constitutional Treaty and its distinction between legislative and non-legislative acts-Oranges into apples?, Jean Monnet Working Paper 01/06, Nueva York 2006, pp. 12-14.
11. Informe final del Grupo IX «Simplificación», CONV 424/02, p. 1.
12. Kellermann, A. E. et al., directores, Improving the Quality of Legislation in Europe, La Haya 1998. p. 1-2.
13. Cf. Kellermann, A. E. et al., directores, Improving the Quality of Legislation in Europe, La Haya 1998;
14. Durand, C. F., «Mieux légiferer: une des priorités centrales de la Commission européenne», ERA Forum vol. 9 (2008) pp. 41-52.
15. Durand, C. F., «Mieux légiferer: une des priorités centrales de la Commission européenne», ERA Forum vol. 9 (2008), p. 8-9; cf. e.g.
16. Carrera Hernández, F. J., «Simplificación de los instrumentos jurídicos en el Proyecto de Tratado Constitucional» en esta Revista de Derecho Comunitario Europeo, 16, 2003, p. 1041; p. 1053.
17. Carrera Hernández, F. J., «Simplificación de los instrumentos jurídicos en el Proyecto de Tratado Constitucional» en esta Revista de Derecho Comunitario Europeo, 16, 2003, p. 1041, p. 10-11.
18. Cf. www.kangaroogrup.eu/Documents. En la tradición del Parlamento Europeo, reflejada en el actual art. 32 de su Reglamento, un intergrupo es una agrupación no oficial de diputados «para mantener intercambios de puntos de vista informales sobre cuestiones específicas entre los diferentes grupos políticos, recurriendo a miembros de las distintas comisiones parlamentarias, y promover los contactos entre los diputados y la sociedad civil».
19. o 32, noviembre 2002, Carrera Hernández, F. J., «Simplificación de los instrumentos jurídicos en el Proyecto de Tratado Constitucional» en esta Revista de Derecho Comunitario Europeo, 16, 2003, p. 1041.
20. Cf. Resolución del Parlamento Europeo sobre la tipología de los actos y la jerarquía de las normas en la Unión Europea de 17 de diciembre de 2002, Diario Oficial C 31 de 5.2.2004, p. 126-134, especialmente considerando F y apartados 13 a 15.
21. La Resolución citada del Parlamento fue transmitida a la Convención Europea por Íñigo Méndez de Vigo, miembro del Praesidium, el 29 de enero de 2003 II. 1. B).
22. La Resolución citada del Parlamento fue transmitida a la Convención Europea por Íñigo Méndez de Vigo, miembro del Praesidium, el 29 de enero de 2003.
23. Cf. CONV 449/02 de 13 de diciembre de 2002, p. 5.
24. Cf. CONV 449/02 de 13 de diciembre de 2002, p. 8.
25. El artículo 27 disponía lo siguiente: 1. Las leyes europeas y las leyes de bases europeas podrán delegar en la Comisión la competencia para promulgar reglamentos delegados que completen o modifiquen ciertos elementos no fundamentales de la ley o de la ley de bases. Las leyes y las leyes de bases delimitarán de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de esta delegación. No podrán delegarse los elementos fundamentales de un ámbito de actuación determinado, que deberán regularse en la propia ley o ley de bases. 2. La ley o ley de bases determinarà de forma expresa las condiciones de aplicación de esta delegación delegación, que consistirán en una o más de las siguientes posibilidades:-El Parlamento Europeo y el Consejo podrán decidir la revocación de la delegación.-El reglamento delegado sólo podrá entrar en vigor si el Parlamento Europeo y el Consejo no han formulado objeciones en el plazo fijado en la ley o ley de bases.-Las disposiciones del reglamento delegado dejarán de tener efecto eu un plazo determinado en la ley o ley de bases. Su validez podrá prorrogarse a propuesta de la Comisión, por decisión del Parlamento europeo y el Consejo. A los efectos del párrafo anterior, el Parlamento Europeo se pronunciarà por mayoría de los miembros que lo componen y el Consejo se pronunciarà por mayoría cualificada» (CONV 571/03 de 26 de febrero de 2003, p. 7).
26. Cf. Norman, P., The Accidental Constitution-The Story of the European Convention, Bruselas 2003 p. 204.
27. Cf. CONV 630/03 de 21 de marzo de 2003, p. 2, 3 y 4.
28. Véase el análisis de la secretaría de la Convención, CONV 609/1/03 de 28.3. 2003, p. 11, 12.
29. Enmiendas de David Heathcoat-Amory, de Tunne Kelam, Liia Hänni y Ülo Tärno, de Timothy Kirkhope y del conde de Stockton.
30. Cf. CONV 779/03 de 4 de junio de 2003, p. 14-15.
31. Versión revisada de la Parte I, CONV 797/03 de 10 de junio de 2003, p. 29.
32. Cf. CONV 811/03, p. 5
33. El Grupo mencionado en el texto estuvo presidido por el Jurisconsulto del Consejo y compuesto por espertos designados por los Estados miembros y los Estados entonces en curso de adhesión, por observadores de los Estados candidatos y por funcionarios de los Servicios Jurídicos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión: cf. Piris, J. C., Piris, J.C., El Tratado Constitucional para Europa: un anàlisis jurídico, trad. de F. J. Muñoz Martín y M. Valdivieso Blanco, Madrid 2006, p. 78-82.
34. Se ha afirmado que el grupo de expertos «expresó su desacuerdo con la redacción formal del precepto sobre actos no legislativos... y sugirió una redacción más simple y clara (CIG 04/03)» y también que «la Conferencia simplificó más y ordenó estos confusos preceptos salidos de la Convención (CIG50/03)», en Mangas Martín, A., «Algunos aspec tos del Derecho derivado en el Tratado de Lisboa: categorización de los actos, indeterminación de los tipos de actos, bases jurídicas y jerarquía», Revista General de Derecho Europeo 18, 2009, p. 15 nota 29. Fui miembro titular del Grupo de expertos, pero no considero que su labor fuese tan meritoria, al menos por lo que se refiere al artículo I-36: basta un cotejo rápido de los textos aprobados por la Convención y por la Conferencia, para confirmar el alcance eminentemente formal de las correcciones efectuadas por el Grupo, irrelevantes para el intérprete.
35. Decisión 2006/512/CE de 17 de julio de 2006, Diario Oficial L 200 de 22.7.2006 p. 11.
36. Cf. e.g.: Bergström, C.F., Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, Nueva York 2005;
37. Joerges, C. y Vos, E. (dirs.), EU Committees: Social Regulation, Law and Politics, Oxford 1999;
38. o 13, 2002, pp. 895-923.
39. o 3 2006 pp. 545-586.
40. Art. 145 del Tratado CEE, tercer guión. Con anterioridad el art. 153 ya había dispuesto que el Consejo debía aprobar el estatuto de los «comités previstos en el Tratado», pero estos comités no eran, pues, los dispuestos por el legislador en el marco de la «comitología », sino ciertos órganos creados directamente por los Tratados, que por lo demás no estaban necesariamente compuestos por representantes de los Estados miembros (así, el Comité del Fondo Social Europeo, previsto en el artículo 124, tenía una composición tripartita).
41. Preámbulo del Acta Unica Europea, antepenúltimo párrafo.
42. Sentencia de 17 de diciembre de 1970, Köster, 25/70, Rec. p.1161, apartados 9,10; versión castellana, Selección, 1970 p. 281.
43. Los factores indicados en el texto no siempre han sido tenidos en cuenta en la doctrina jurídica sobre los actos delegados, con las consiguientes perplejidades e incomprensiones: véase por ejemplo Jiménez Asenjo, R., «El proyecto de «Constitución Europea» y el sistema de fuentes del Derecho», Albertí Rovira, E. (dir.), El proyecto de nueva Constitución Europea, Valencia 2004, pp. 265-325, especialmente pp. 320-322 y 324.
44. La afirmación en el texto ha sido demostrada empíricamente en el sector del medio ambiente: cf. Héritier, A. y Moury, C., Contested delegation: the impact of codecision on Comitology, EUI Working Paper RSCAS 2009/64, Florencia 2009.
45. Decisión 1999/468/CE, Diario Oficial L 184 de 17.7.1999 p. 23. Véanse también las declaraciones publicadas en Diario Oficial C 203 de 17.7.1999 p. 1.
46. Cf. Declaración del presidente PRODI ante el Parlamento europeo de 5 de febrero de 2002, Diario Oficial C 284 E de 21.11.2002, p. 19;
47. Carta del Comisario BOLKENSTEIN de 2 de octubre de 2001, p. 83;
48. Resolución del Parlamento Europeo de 5 de febrero de 2002, p. 115.
49. Diario Oficial C 321 de 31.12.2003 p. 1.
50. La importancia de este episodio ha sido subrayada por Neergaard, A., «La comitologie et la légitimité démocratique de la Communauté européenne», Schoo, J. y Pennera, C. (Dirs.), Liber amicorum en l'honneur de Gregorio Garzón Clariana, inédito, 2006, pp. 129-143.
51. Mediante este procedimiento se podía «modificar aspectos no esenciales [del acto de base], incluso suprimiendo algunos de esos elementos o completando el acto mediante la adición de nuevos elementos no esenciales» (artículo 2, nuevo párrafo 2 añadido por el Reglamento 2006/512/CE).
52. Artículo 5 bis, apartados 3 b), 4 e) y 6 c).
53. Declaración trilateral de 6 de julio de 2006, Diario Oficial C 255 de 21 de octubre 2006, p. 1.
54. Decisión 2006/512/CE Piris, J. C., Piris, J.C., El Tratado Constitucional para Europa: un anàlisis jurídico, trad. de F. J. Muñoz Martín y M. Valdivieso Blanco, Madrid 2006, art. 5 bis apartados 3 b), 4 e) y 6 c).
55. Cf. Bradley, K. St C., «Delegated Legislation and Parliamentary Supervision in the European Community», Epiney, A. et al., Challenging Boundaries: Essays in honour of Roland Bieber, Baden-Baden y St. Gallen 2007, pp. 286-301.
56. Cf. Resolución del Parlamento Europeo de 5 de mayo de 2010 sobre los poderes de delegación legislativa (informe Szájer), apartado 18.
57. Las «bases jurídicas derivadas» han sido definidas del modo siguiente: «Nella prassi istituzionale con l'espressione «base giuridica derivata» si intende la tecnica legislativa che distingue due piani normativi derivati. Nell'atto di base si introduce un fondamento normativo che, nel contemplare un meccanismo de produzione giuridica di secondo grado, disciplina la formazione della volontà delle istituzioni secondo modalità non coincidenti con quelle previste dai Trattati». Baratta, R.,: «le «basi giuridiche derivate» nell'ordinamento comunitario », Giustizia Civile 2008, pp. 2076-2079; p. 2076.
58. Diario Oficial L 334 de 28 de diciembre de 2009, p. 1.
59. Diario Oficial L 117 de 7 de mayo de 1997, p. 1.
60. Sentencia de 13 de diciembre de 2001, Parlamento/Consejo, C-93/00, Rec. p. I-10119, apartados 23, 24.
61. Vedaschi, A., «Esistono atti comunitari di «terzo tipo»?», Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, pp. 903-908, apartados 42-44.
62. Vedaschi, A., «Esistono atti comunitari di «terzo tipo»?», Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, pp. 903-908, apartado 45.
63. Véase, sin embargo, la notable excepción de Vedaschi, A., «Esistono atti comunitari di «terzo tipo»?», Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, pp. 903-908.
64. España fue el único Estado miembro que creyó oportuno intervenir como parte coadyuvante en apoyo del Consejo en este asunto.
65. Diario Oficial L 326 de 13 de diciembre de 2005, p. 13.
66. Conclusiones del Abogado General Poiares Maduro de 27 de septiembre de 2007, Parlamento Europeo/Consejo, C-133/06, Punto 9. En estas Conclusiones se vinculaba expresamente esta cuestión con la delegación de poderes normativos, con referencias al Derecho comparado pertinente.
67. Sentencia de 6 de mayo de 2008, Parlamento/Consejo, C-133/06, Rec. p. I-3189, especialmente apartados 24, 28, 31 y 40.
68. Reino Unido/Consejo, 68/86, Rec. p. 855, apartados 56 y 57.
69. Sentencia de 23 de febrero de 1988, Reino Unido/Consejo, 68/86, Rec. p. 855, apartado 38.
70. A la larga práctica del Consejo de de prever bases jurídicas derivadas hay que añadir sus «autodelegaciones» de la función ejecutiva, por lo demás reconocidas por la jurisprudencia, aunque con importantes limitaciones. En estas condiciones, cuesta compartir la afirmación de que «el mecanismo ideado por el Consejo en este asunto, en virtud del cual una institución realiza una delegación a sí misma es innovador, pero no por ello menos insensato », en Navarro Batista, N., «Bases jurídicas derivadas, delegación legislativa y poder de ejecución: el equilibrio institucional en la sentencia del TJUE de 6 de mayo de 2008, Parlamento Europeo c. Consejo», Revista General de Derecho Europeo 18, 2009, p. 12.
71. Las referencias a textos del Tratado de Lisboa o de los protocolos y declaraciones sobre el mismo se han tomado de la versión revisada de los textos consolidados de los Tratados publicada en el Diario Oficial C 83 de 30 de marzo de 2010, juntamente con la Carta de Derechos Fundamentales.
72. Cf. Pennera, C., «Les enjeux du Traité modificatif», ERA Forum vol. 9, 2008, pp. 7-24.
73. La ausencia de modificaciones sustanciales mencionada es coherente con el enfoque continuista en el contexto general de las disposiciones del Tratado de Lisboa sobre el Derecho derivado, ya observado en Balaguer Callejón, F., «La incidencia del Tratado de Lisboa en el sistema de fuentes comunitario y su influencia en los ordenamientos estatales», en Matia Portilla, F. J. (dir.), Estudios sobre el Tratado de Lisboa, Granada 2009, p. 65; p. 72.
74. Parece poco verosímil que el Tratado de Lisboa presente las mismas potencialidades que, cuando menos, no podían excluirse en el caso del Tratado constitucional, sobre las cuales cf. Jacqué, J. P., «Le projet de traité établissant une constitution pour l'Europe-constitutionnalisation ou révision des traités», Demaret, P. et al. (dirs.), 30 ans d'études juridiques européennes au Collège d'Europe-Liber Professorum, Bruselas 2005, pp. 41-52.
75. Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo-Aplicación del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, COM(2009)673 final, Bruselas, 9.12.2009.
76. Cf. Resolución del Parlamento Europeo de 5 de mayo de 2010 sobre los poderes de delegación legislativa.
77. Cf. Informe de la Presidencia al COREPER sobre los actos delegados, Doc. 16998/09 de 2 de diciembre de 2009.
78. COM (2009)673 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo-Aplicación del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea apartado 2.3 in fine.
79. Cf. Balaguer Callejón, F., «El sistema de fuentes en la Constitución europea», Revista de Derecho Constitucional Europeo, 2, 2004, pp. 61-79; p. 78;
80. Vírgala Foruria, E., «Los actos no legislativos en la Constitución Europea», Revista de Derecho Constitucional Europeo 6, 2006, pp. 279-324; p. 305.
81. No faltan los ejemplos, teniendo en cuenta que el procedimiento de reglamentación con control añadido por la Decisión 2006/512/CE era de obligada aplicación a todos los actos adoptados en codecisión y que, además, las Instituciones se comprometieron a aplicarlo a todos los actos anteriores adoptados por este procedimiento, sin distinguir en razón del tipo de acto: Vírgala Foruria, E., «Los actos no legislativos en la Constitución Europea», Revista de Derecho Constitucional Europeo 6, 2006, pp. 279-324; p. 305.
82. COM (2009) 673 final Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo-Aplicación del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, apartado 2.
83. La posición mantenida en el texto no aparece con claridad en alguna de las primeras contribuciones sobre el artículo 290: véase Gutiérrez Espada, C. y Cervell Hortal, M. J., La adaptación al Tratado de Lisboa (2007) del sistema institucional decisorio de la Unión, su acción exterior y personalidad jurídica, Granada 2010 p. 47.
84. Hay ejemplos, entre otros en los artículos 17 y 18 del Estatuto de los Diputados, que confían al Parlamento europeo la determinación de las condiciones de ejercicio de los derechos relativos a la jubilación y al seguro de enfermedad de sus miembros. Cf. Decisión 2005/648/CE, Euratom, Diario Oficial L 262 de 7 de octubre de 2005, p. 1.
85. Vírgala Foruria, E., «Los actos no legislativos en la Constitución Europea», Revista de Derecho Constitucional Europeo 6, 2006, p. 306.
86. Vírgala Foruria, E., «Los actos no legislativos en la Constitución Europea», Revista de Derecho Constitucional Europeo 6, 2006, I, 1, B).
87. Cf. las enmiendas al primitivo artículo 27 presentadas por los señores Tiilikainen, Peltomäki, Kiljunen, Vanhanen, Korhonen y Helle, por el señor Queiró y por el señor Fini.
88. Cf. Acuerdo Interinstitucional, de 26 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, Diario Oficial C 77 de 28.03.2002 p. 1;
89. Garzón Clariana, G., «L'inflation normative et le droit communautaire», Journées d'étude à l'occasion du bicentenaire du Code civil, vol. 1: Le rayonnement du droit codifié, París, Les éditions des Journaux Officiels, 2005, pp. 61-64.
90. COM (2009) 673 final Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo-Aplicación del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, apartado 3.1.
91. Véase sin embargo la enmienda al artículo I-35 presentada por los convencionales Lopes y Lobo Antunes.
92. a ed., Paris 2010, pp. 467-468.
93. Véanse las enmiendas presentadas al artículo 27 por los señores Borrell, Carnero y López Garrido y por el señor Teufel, y las enmiendas al posterior artículo I-35 presentadas por la señora Hjelm-Wallén y los señores Peteson y Lekberg, o por el señor Wuermeling.
94. Cf. COM (2009) 673 final Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo-Aplicación del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, apartado 3.1.
95. Véase, por ejemplo, la Directiva 2010/65 de 20 de octubre de 2010 sobre las formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados Miembros, Diario Oficial L 283 de 29.10.2010 p. 1.
96. Cf. Vírgala Foruria, E., «Los actos no legislativos en la Constitución Europea», Revista de Derecho Constitucional Europeo 6, 2006, pp. 309-311.
97. o 11, 2006, p. 7.
98. COM (2009) 673 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo-Aplicación del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, apartado 3.2.
99. Resolución de 5 de mayo de 2010, apartado 8.
100. Véase, por ejemplo, el art. 36 de la Directiva 2010/35 de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables, Diario Oficial L 165 de 30.6.2010, p. 1.
101. La duración de la delegación puede quedar fijada por referencia a un número de años, pero también indicando la fecha del fin de la delegación: véanse, por ejemplo, el art. 12 de la Directiva 2010/40 relativa a los sistemas de transporte inteligentes en el transporte por carretera, Diario Oficial L 207 de 6.8.2010 p. 1, y el art. 10 del Reglamento 911/2010 sobre el Programa europeo de vigilancia de la Tierra (GMES), Diario Oficial L 276 de 20.10.2010, p. 1.
102. Véase, por ejemplo, la Directiva 2010/45 de 7 de julio de 2010 sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante, Diario Oficial L 207 de 6.8.2010 p. 14.
103. o 1060/2010 de 28 de septiembre de 2010 relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos, Diario Oficial L 314 de 30.11.2010, p. 17.
104. Cf. Informe de síntesis relativo a la sesión plenaria de los días 5 y 6 de diciembre de 2002, CONV 449/02 de 13 de diciembre de 2002, p. 2.
105. Cf. Resolución del Parlamento europeo de 17 de diciembre de 2002., ap. 13 y 16.
106. COM (2009) 673 final Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo-Aplicación del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, apartado 4.2.
107. El párrafo 3 del artículo 290 impone únicamente una condición de forma: Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo-Aplicación del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea II, 1.
108. o 8 al Acta final al Tratado Constitucional y fue entonces considerado como un ele insistienmento interesante para facilitar la aceptación del Tratado: cf. Duff, A., The Sruggle for Europe's Constitution, Londres/Nueva York 2005, p. 98.
109. COM (2009) 673 final Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo-Aplicación del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, apartado 4.2. La asistencia de los expertos mencionados en el texto había sido considerada indispensable por el Consejo: cf. Doc. 16998, p. 3.
110. a ed., Bruselas 2010, p. 70. Véase, en cambio, la clara presentación de Ponzano, P., «"Executive" and «delegated» acts: the situation after the Lisbon Treaty», en Griller, S. y Ziller, J. (dirs.), The Lisbon Treaty-EU Constitutionalism Without a Constitutional Treaty?, Viena 2008, pp. 135-138.
111. La Convención Europea no acogió favorablemente la posición de algunos de sus miembros, de obligar a la Comisión a buscar el concurso de comités o grupos de expertos en la elaboración de los actos delegados: no prosperaron las enmiendas que, en este sentido, habían presentado el señor Schlütter, los señores de Vries y Bruijn, o el señor Hain.
112. El asesoramiento mencionado en el texto no puede confundirse con una dejación de funciones de la Comisión, incompatible con el Derecho de la Unión siguiendo la clásica jurisprudencia Meroni del Tribunal de Justicia (sentencia de 13 de junio de 1958, asunto 9/56, Rec. p. 11; versión castellana en Selección, 1954-1960, p. 123; p. 149).
113. Cf. Neuhold, C., «Taming the «Trojan Horse» of Comitology? Accountability issues of Comitology and the Role of the European Parliament», European Integration online Papers 12, 2008, p. 1; pp. 12-13.
114. Exposición de motivos del ponente Sr. Szájer, PE439.171v03-00 de 29.3.2010.
115. La Resolución de 5 de mayo de 2010, aboga por la celebración de un acuerdo interinstitucional que contemple las «consultas durante la fase de celebración y elaboración de los actos delegados» y hace también hincapié en que la Comisión «debe facilitar al Parlamento el acceso a las reuniones preparatorias, los intercambios de puntos de vista y las consultas correspondientes» (apartados 10 primer guión y 11 segundo guión).
116. o 6 del Reglamento 640/2010 de 7 de julio de 2010 por el que se establece un programa de documentación de capturas de atún rojo, Diario Oficial L 194 de 24.7.2010 p. 1, p. 2.
117. COM(2009)673 final., apartado 5.1.
118. Cf. Méndez de Vigo, I., El rompecabezas-Así redactamos la Constitución Europea, Madrid 2005, p. 272.
119. o 11, 2006, pp. 5-6. Esta posición no tiene en cuenta las singularidades de la iniciativa legislativa en la Unión Europea ni el hecho de que en ella el Parlamento no es el único legislador.
120. El párrafo 2 del artículo 290 comienza diciendo que «los actos legislativos fijarán de forma expresa las condiciones», con una formulación imperativa que es, además, simétrica de la utilizada en el párrafo 1 del mismo artículo por lo que se refiere a la delimitación de la delegación.
121. «los actos legislativos fijarán de forma expresa las condiciones», I, 1, A). Sin embargo, hubo una ambigüedad en la explicación del Praesidium, de que el texto se había modificado «para dejar más claro que estas condiciones se fijan caso por caso y no constituyen un elemento vinculante», en CONV 724/03 de 24.5.2003, p. 93.
122. Esta novedad había sido ya destacada respecto del Tratado constitucional en Barón Crespo, E., Constitucionalización del poder legislativo en la Unión Europea, Madrid 2006, p. 235. Sobre las perspectivas de la actuación del Parlamento Europeo cf. Kaeding, M. y Hardacre, A., The execution of delegated powers after Lisbon. A timely analysis of the regulatory procedure with scrutiny and its lessons for delegated acts, EUI Working Papers, RSCAS 2010/85, Florencia 2010.
123. Véanse el artículo 16, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 231 del Tratado de Funcionamiento, respectivamente.
124. Véanse el artículo 16, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 231 del Tratado de Funcionamiento, respectivamente, I,2, A.
125. Esta cuestión fue claramente identificada en una enmienda presentada por Dominique de Villepin, en representación de Francia a la Convención Europea, rechazada probablemente por cuanto hubiese también tenido por efecto que, en el procedimiento legislativo ordinario, la revocación sólo se podría decidir conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo.
126. Cf. COM (2009)673 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo-Aplicación del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, apartado 5.1.
127. Cf. Vírgala Foruria, E., «Los actos no legislativos en la Constitución Europea», Revista de Derecho Constitucional Europeo 6, 2006, p. 314.
128. Vírgala Foruria, E., «Los actos no legislativos en la Constitución Europea», Revista de Derecho Constitucional Europeo 6, 2006, I,1, B); véase también, enmienda al artículo 27 presentada por el Sr. Brok y otros. Hubo enmiendas posteriores en sentido contrario, pero no prosperaron.
129. a ed. Bruselas 2010, p. 198.
130. «La institución que haya iniciado un procedimiento interno para decidir si va a revocar la delegación de poderes se esforzará por informar a la otra institución y a la Comisión en un plazo razonable antes de adoptar una decisión final. », p. ej. en el art. 77 apartado 2 de la directiva 2010/75 sobre las emisiones industriales, Diario Oficial L 334 de 17.12.2010, p. 17; p. 48.
131. Esta consecuencia fue advertida, al parecer, por el Servicio jurídico del Consejo durante la Conferencia intergubernamental previa al Tratado Constitucional, sin que su intervención llevase a una modificación del texto: cf. Liisberg, J. B., The EU Constitutional Treaty and its distinction between legislative and non-legislative acts-Oranges into apples?, Jean Monnet Working Paper 01/06, Nueva York 2006, p. 25.
132. COM (2009)673, apartados 5.1 y 5.3.
133. Rosado Pacheco, S., «Los Reglamentos delegados en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa», Álvarez Conde, E. y Garrido Mayol, V. (dirs.), Comentarios a la Constitución Europea, Valencia 2004, p. 369;
134. contra Vírgala Foruria, E., «Los actos no legislativos en la Constitución Europea», Revista de Derecho Constitucional Europeo 6, 2006, p. 315, donde se mantiene que la interpretación debe fundarse en el modelo británico más que en el alemán.
135. La Comisión tampoco comparte una concepción restrictiva: cf. COM(2009)673., apartado 5.3.2.
136. Andrés Sáenz de Santamaría, P., «El sistema institucional en el Tratado de Lisboa: entre la continuidad y el cambio», Martín y Pérez de Nanclares, J. (dir.), El Tratado de Lisboa-La salida de la crisis constitucional, Madrid 2008, pp. 205-225; p. 223.
137. Cf. COM (2009)673 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo-Aplicación del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, apartado 5.1.
138. COM (2009)673 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo-Aplicación del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, I,1, B). La Convención no acogió, en cambio, la fórmula radical de la señora Paciotti, que propugnaba suprimir cualquier referencia a modalidades concretas de control, a fin de permitir que el legislador lo configurase libremente per casu.
139. Resolución de 5 de mayo de 2010., apartados 2 y 3.
140. Véase, por ejemplo, el artículo 17 de la Directiva 2003/6/CE sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso de mercado), Diario Oficial L 93 de 12 de abril de 2003 p. 16.
141. La supresión de la referencia a esta cláusula se basó en consideraciones jurídicas: «podría generar incertidumbre y problemas de seguridad jurídica», CONV 724/03, p. 93.
142. Cfr. Bradley, K. St C., «Delegated Legislation and Parliamentary Supervision in the European Community», Epiney, A. et al., Challenging Boundaries: Essays in honour of Roland Bieber, Baden-Baden y St. Gallen 2007. p. 299.
143. Es decir, sin perjuicio de la moción de censura prevista en el Tratado o de los procedimientos de control eventualmente previstos en procedimientos legislativos especiales, que deban aplicarse como lex specialis.
144. Resolución de 5 de mayo de 2010,. apartados 2 y 4.
145. Véase Reglamento UE/438/2010,., arts. 19 ter y 19 quinquies.
146. Cfr. Resolución de 5 de mayo de 2010,., apartado 3;
147. Doc. 16998/09 del Consejo., p. 4.
148. Cfr. Stancanelli, P., «Le système décisionnel de l'Union», Amato, G., Bribosia, H. y De Witte, B. (dirs.), Genèse et destinée de la Constitution européenne, Bruxelles, 2007, pp. 485-528; p. 525.
149. Cartas de Miguel Arias Cañete a los Presidentes del Consejo y de la Comisión de 16 de febrero de 2010.
150. Respuesta de Maros Sefcovic, Vicepresidente de la Comisión, de 27 de abril de 2010.
151. Contribución de la XLIII COSAC, Madrid 31 de mayo y 1 de junio de 2010, apartado 9.1., Diario Oficial C 207 de 30.7.2010, p.1; p. 3.
152. Cf. Pennera, C., «Algunes reflexions sobre el principi de subsidiarietat al Tractat de Lisboa», Parlament de Catalunya, El control del principi de subsidiarietat, Barcelona 2010, pp. 29-48; p. 32 (texto en francés);
153. «Les Parlements nationaux dans le système de l'Union européenne», Rodríguez Iglesias, G. C. y Ortiz Blanco, L., The Role of National Parliaments in the European Union, Madrid 2010, p. 79; pp. 100-101.
154. Cf. Lenaerts, K. y Desomer, M., «Towards a Hierarchy of Legal Acts in the European Union? Simplification of Legal Instruments and Procedures», European Law Journal, 11, 2005, pp. 744-765; p. 763;
155. Schütze, R., Sharpening the Separation of Powers through a Hierarchy of Norms? Reflections on the Draft Constitutional Treaty's regime for legislative and executive law-making, EIPA Working Paper 2005/W/01, p. 14
156. o 11, 2006, pp. 5, 6 y 8;
157. Adrés Sáenz de Santamaría, P., «Hacia una Constitución Europea: un balance de los trabajos de la Convención», Revista de Derecho de la Unión Europea 6, 2004, p. 203; p. 221.
158. o 7 de la Convención Europea. Algunos convencionales partidarios de dar rango legislativo a los actos delegados presentaron enmiendas para denominarles «leyes delegadas» en vez de «reglamentos delegados», que no prosperaron: véanse la enmienda presentada por el señor de Villepin y las sucesivas del señor Duff con otros convencionales.
159. o 2004/7, Florence, 2004, p. 32.
160. Informe final del Grupo IX, CONV 424/02. p. 11.
161. Cf. Díez Picazo, L. M., «Les actes du Gouvernement avec force de loi: une perspective comparée», Annuaire International de Justice Constitutionnelle, 22, 2006, pp. 526-539; p. 530.
162. o 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
163. o 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, II, 2, A).
164. Artículo 263, cuarto párrafo, del Tratado de Funcionamiento.
165. Cf. Lenaerts, K., «Le Traité de Lisbonne et la protection juridictionnelle des particuliers en droit de l'Union», Cahiers de droit européen XLV, 2009, pp. 711-745.
166. Cf. Di Federico, G., «The distinction between legislative and non-legislative acts in the Constitutional Treaty and its possible impact on locus standi and non contractual liability», Dony, M. y Rossi, L. S., Democratie, cohérence et transparence-vers une constitutionnalisation de l'Union européenne?, Bruselas 2008, pp. 13-36; pp. 26-27;
167. Passos, R., «Le système jurisdictionnel de l'Union», Amato, G., Bribosia, H. y De Witte, B., Genèse et destinée de la Convention européenne. p. 565-598; pp. 577-580.
168. Passos, R., «Le système jurisdictionnel de l'Union», Amato, G., Bribosia, H. y De Witte, B., Genèse et destinée de la Convention européenne, II, 2, A in fine.
169. Lucía Millán ha observado que a finales de julio de 2010 no se habían adoptado aún actos delegados, mientras que la Comisión continuaba adoptando disposiciones de ejecución de la legislación de la Unión conforme a los procedimientos anteriores al Tratado de Lisboa: cf. Millán Moro, L., « El ordenamiento comunitario, del Tratado Constitucional al Tratado de Lisboa», en esta Revista de Derecho Comunitario Europeo, 36, 2010, p. 401; p. 428. La situación descrita por la profesora Millán ha evolucionado posteriormente (véanse, asi, los actos delegados publicados en el Diario Oficial L 314 de 30.11.2010) y además, no parece anormal: tratándose del período inicial de aplicación, ha habido muchas más delegaciones que actos delegados, los actos delegados modificativos se harán esperar y la legislación anterior al Tratado de Lisboa aún no ha sido adaptada al régimen previsto en el art. 290, salvo excepciones. Ahora bien, sería paradójico que esta situación se prolongase en 2011.