The integration of environmental dimension in agrarian activity: Evolution and legal synthesis since the first directives up to the reforms of CAP 2003. («A long term perspective for sustainable agriculture»);La integración de la dimension ambiental en la actividad Agraria: Evolución y síntesis jurídica desde las primeras directivas hasta la reforma de la pac de 2003. («Una perspectiva a largo plazo para la agricultura sostenible»)

Boletin de la Asociacion de Geografos Espanoles

Volumn , Issue 41, 2006, Pages 329-366

  López, M Teresa Cantó ^a  

^a UNIVERSITY OF ALICANTE   (Spain)

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Agri environmental measures; Common agrarian policy; Ecoconditionalidad; Ecological agriculture; Environmental normative; Genetics organism modified; Integrated production

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EID: 37049012899     PISSN: 02129426     EISSN: 26053322     Source Type: Journal    
DOI: None     Document Type: Article

References (62)

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22. Esta directiva se ha incorporado al derecho interno mediante el Real Decreto-Ley 11 /1995, de 28 de diciembre y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales, junto con el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de las aguas residuales de 1995. Sobre este tema, vid. B. SETUAIN MENDIA. El saneamiento de las aguas residuales en el ordenamiento español. Régimen jurídico. Lex Nova, Valladolid, 2002;
23. A. FANLO LORAS. «Obras hidráulicas de saneamiento y depuración» en la obra dirigida por A. EMBID IRUJO. Las obras hidráulicas, Civitas, Madrid, 1995;
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26. vid. Además A.M. VÁZQUEZ LOSADA «La utilización de los lodos de depuradora en agricultura. Análisis de la directiva 86/278/CEE», Noticias CEE, núm. 58, 1989;
27. B. SETUAÍN MENDÍA «Apuntes sistemáticos sobre el régimen jurídico de los lodos de depuradora. Aportaciones de la ley sobre prevención y control integrado de la contaminació n», Revista Aranzadi de Derecho Ambienta, núm. 3, 2003;
28. E. DECHAMPS «Le régime juridique des boues de station d'épuration», Revue du Droit Rural, núm. 294, juin-juillet, 2001.
29. a», siendo supletoria. Al margen de la legislación estatal, el instrumento para prevenir la producción de residuos y ordenar su gestión ha sido la planificación; así, los planes de residuos estatales, autonómicos y locales prestan atención a este tipo de residuos, vid. por ejemplo, el Plan de residuos de la Comunidad Valenciana. Sobre los residuos en general y los residuos agrícolas, vid. R. MARTÍN MATEO y J. ROSA. Nuevo ordenamiento de la basura, Trivium, Madrid, 1998;
30. F. LÓPEZ RAMÓN «Problemas del régimen general de los residuos», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 108, 2000;
31. B. BELANDO GARÍN «Apuntes sobre los problemas agroambientales de la agricultura bajo plástico», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 5, 2004, entre otros.
32. La intervención pública para proteger determinados habitats y especies también se desarrolla desde una perspectiva sectorial en la política agrícola común mediante determinadas acciones con fundamento en el Plan de Acción sobre biodiversidad en agricultura, elaborado por la Comisión Europea; el mantenimiento de y fomento de formas de agricultura extensiva con la aplicación de las medidas agroambientales, los instrumentos de protección previstos en el Reglamento (CE) n° 870/2004 del Consejo, de 24 de abril de 2004, por el que se establece un programa comunitario relativo a la conservación, caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector agrario y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1467/94, y las medidas derivadas de la ratificación del Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.
33. Un estudio completo de la normativa sobre control integrado de la contaminación y sobre el procedimiento de autorización ambiental integrada puede encontrarse en una creciente bibliografía, entre la que destaca, vid. C. CHINCHILLA MARÍN «La autorización ambiental integrada: la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación», Revista Andaluza de Administración Publica, núm. 47, 2002, p. 43 y ss;
34. F.B. LÓPEZ-JURADO y A. RUIZ DE APODACA. La autorización ambiental integrada; estudio sistemático de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación, Civitas, Madrid, 2002;
35. I. REVUELTA PÉREZ. El control integrado de la contaminación en el derecho español, Marcial Pons, Madrid, 2003; el nümero especial dedicado a la Ley por la Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental (RIGA), núm. 46, octubre de 2002 y merece atención el trabajo colectivo de Estudios sobre la Ley de prevención y control integrado de la contaminación, monografía asociada a la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 3, 2003.
36. Para una mayor profundización en este tema, vid. J. ROSA MORENO. Régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental, Trivium, Madrid, 1993;
37. Coord. T. QUINTANA LÓPEZ. Comentarios a Ia legislación de impacto ambiental, Civitas, Madrid, 2002;
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39. Así, por un lado, las medidas agroambientales facilitan el cumplimiento de compromisos como la reducción del uso de plaguicidas y productos fitosanitarios, reducir fenómenos de erosión y contaminación del suelo, la reducción del volumen de agua de riego y adopción de técnicas de regadío mejoradas, la conservación de razas en peligro de extinción y variedades vegetales en riesgo de erosión genética. Por otro lado, en cuanto al concepto de buenas prácticas agrarias (BPA), éstas se refieren al tipo de agricultura que un agricultor sensato aplicaría en una región determinada, incluido el cumplimiento de la legislación sobre medio ambiente. De esta forma, los códigos nacionales o regionales de BPA definen el nivel de referencia a partir del cual el agricultor puede adoptar las medidas agroambientales.
40. Para una completa y detallada descripción de las medidas agroambientales propuestas en este Reglamento, vid. M. ROSSO GROSSMAN «Agro-environmental measures in the Common Agricultural Policy», The University ot Memphys Law Review, vol. 25, 1995;
41. y V. ADAM. «Un nouvel effet de la réforme de la Politique agricole commune: la «redéfinition» de l'agriculteur et de son métier», RDR, núm. 248, décembre, 1996;
42. H BULLER y otros. Agri-environmental policy in the European Union, Asgate, aldershot, 2000, entre otros.
43. Por imposición del Reglamento (CE) 1257/99, las medidas agroambientales se incluyen obligatoriamente dentro de los Programas de Desarrollo Rural de los Estados Miembros. En España, la Comisión Europea ha aprobado dos programas horizontales aprobados por el Estado y siete autonómicos: Aragón, Baleares, Cataluña, Rioja, Navarra, Madrid y el País Vasco.
44. Sobre la aplicación y análisis de las medidas agroambientales en España vid. F. E. GARRIDO «La cuestión ambiental en la agricultura: actores sociales y política agroambiental en España», Analistas Económicos de Andalucía, Málaga, 2000;
45. así también, A. PANIAGUA «Naturaleza, agricultura y política agroambiental en España», Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2000. Entre los artículos, destaca el volumen monográfico de la Revista Economía Agraria a la política agroambiental, volumen núm. 179, enero-abril, 1997, integrado entre otros por los siguientes artículos de interés: M. WHITBY «¿Un bote salvavidas entre icebergs? Perspectivas futuras de las políticas agroambientales»;
46. a SUMPSI y otros «la política agroambiental de la UE: Un análisis desde la perspectiva económica»;
47. F. SUÁREZ y otros «Las políticas agroambientales y de conservación de la naturaleza en España»;
48. J.J. OÑATE y P. ÁLVAREZ «El programa de Estepas cerealistas en Castilla y León». También sobre este tema, en mi tesis doctoral aún inédita titulada La integración de los condicionantes ambientales en la política agrícola, Alicante. 2003,
49. y objeto de una próxima publicación bajo el título Ordenación ambiental de la agricultura (ayudas ecocondicionadas y técnicas de mercado), Tirant lo Blanch, Valencia, en prensa.
50. En relación a los compromisos se plantea la cuestión en torno a su naturaleza jurídica, fundamental para determinar si las medidas agroambientales tienen la consideración de contratos o de actos necesitados de aceptación, la doctrina francesa mantiene posiciones diferenciadas, C. HERNÁNDEZ ZAKINE, en «De l'affichage au droit: l'analyse juridique des contrats agri-environnementaux», RDR, núm. 263, 1998, afirma que se trata de una acto necesitado de aceptación mientras que J.F. STRUILLOU, en «Nature juridique des mesures agri-environnementales: adhésion volontaire àun statut ou situation contractuelle?», RDR, núm. 227 novembre 1999, mantiene la tesis contractual. Esta cuestión ha sido zanjada por la jurisprudencia comunitaria en la STJCE de 19 de septiembre de 2002, en la que considera conforme con el derecho comunitario que las medidas se apliquen a través de actos unilaterales necesitados de aceptación o mediante contratos, a propósito de la aplicación del programa nacional austriaco de ayudas agroambientales (Directrices ÖPUL) mediante contratos privados.
51. Para un mejor conocimiento del manejo de los cultivos y del ganado vid. J. LABRADOR, J.L. PORCUNA Y A. BELLO. Manual de Agricultura y Ganadería Ecológica, Eumedia/Mundi Prensa, Madrid, 2002;
52. Coord. J. LABRADOR Y M.A. ALTIERI. Agroecología y desarrollo. Aproximación a los fundamentos agroecológicos para la gestión sustentable de los agroecosistemas mediterráneos, Mundi Prensa, Madrid, 2001;
53. y N. LAMPKIN. Agricultura ecológica, Mundi Prensa, Madrid, 1998.
54. Se trata del Reglamento (CE) n" 331/2000 de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece las condiciones de utilización, presentación y reglas técnicas de reproducción del logotipo comunitario.
55. Se trata del Reglamento (CE) n° 2491/2001, de la Comisión de 19 de diciembre por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.
56. Su denominación completa es el Real Decreto 506/2001, de 11 de mayo que modifica el Real Decreto 1852/93, de 22 de octubre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.
57. En España, el RD 506/2001 de 11 de mayo, es claro, y declara la reserva del término «ecológico» y su prefijo «eco», sólo o combinados con el nombre del producto, sus ingredientes o la marca comercial para considerar que un producto lleva las indicaciones referentes al método de producción agrícola ecológico, de modo que, en nuestro país, la producción agrícola ecológica se identifica con el término «ecológico» y su prefijo «eco». Por tanto, a partir de esta norma, se produjo una restricción en las indicaciones anteriormente protegidas para referirse al método de producción ecológico, y en consecuencia se permite el uso del término «biológico y su prefijo «bio» a productos no procedentes de la agricultura ecológica. El legislador español, en la exposición de motivos, considera que en dicho sector está consolidado el uso del término «bio» para designar productos alimenticios no relacionados con el método de producción ecológico (especialmente, los productos lácteos no ecológicos), y por ello, reserva en todo caso, el término «ecológico» y sus prefijos o diminutivos para hacer referencia a dicho método de producción. Con esta disposición, el RD 506/2001, de 11 de mayo, trata de solucionar la práctica existente en el sector agroalimentario español y clarificar la terminología asociada a la agricultura ecológica y eliminar confusiones a los consumidores.
58. Un estudio más completo sobre estos aspectos en la normativa estatal y autonómica sobre producción integrada puede encontrarse en M.T. CANTÓ LÓPEZ. «La producción integrada. Aspectos de Régimen jurídico estatal y autonómico», Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 23, 2003.
59. Un estudio amplio de la biotecnología en el ámbito agrario, y en particular de la Directiva 90/220/CEE se puede encontrar en M. ALMODOVAR IÑESTA. Régimen jurídico de la Biotecnología agroalimentaria. Cornares, Granada, 2002.
60. Organismos Modificados Genéticamente.
61. El régimen jurídico vigente compuesto por la Directiva 2001/18/CE y los Reglamentos (CE) 1829/2003 y 1830/2003 que tratamos ha sido analizados conjuntamente O. MIR PUIGPELAT Transgénicos y Derecho. La nueva regulación de los organismos modificados genéticamente, Civitas, Madrid, 2004.
62. Un comentario exhaustivo sobre esta Ley se puede encontrar en M. ALMODOVAR IÑESTA. «Nuevo régimen jurídico de las actividades con organismos modificados genéticamente», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 4, 2003.